La política urbana de agua potable en México del centralismo y los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la privatización

La administración de los servicios de agua potable y alcantarillado, para finales del gobierno de turno del año 1988 fue ejercida por parte del gobierno estatal; no obstante, hubo la salvedad de ciertos casos en donde se tuvo que transferir las responsabilidades a determinadas municipalidades del país. Esta premisa nos permite identificar que solamente una tercera parte de los estados habrían municipalizado los servicios de agua potable, mientras que la tercera parte restante continuaba con el servicio brindado desde la gobernanza estatal.

El ascenso de un nuevo mandatario, ya para finales de diciembre del año 1988 procuró la implementación de un reajuste y reforma de las políticas públicas relacionadas con el agua potable. Para Pineda (2002, p. 53) “la principal innovación consistió en la asignación del servicio a organismos especializados en su operación con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Estos organismos podían estar adscritos indistintamente a la administración pública estatal o a la municipal, pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil”.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) fue instaurada en el año de 1989, y su razón de ser tuvo que ver con el diseño de una política consiente, coherente y adecuada a los lineamientos de redimensionamiento del Estado. Así entonces el (CNA) paso a convertirse en el sistema regulador de los sistemas urbanos de agua potable, operados desde administraciones estatales y municipales. Desde un principio, la (CNA) tuvo un trascendente protagonismo en la instauración de nuevas políticas, e incluso paso a convertirse en el principal motor de trasformación y reordenamiento de los organismos operadores del recurso “agua potable”.

Por otro lado, el perfil de los nuevos organismos operadores contemplan:

§  Fortalecimiento de autonomía.

§  Democratización de los consejos administrativos.

§  Adopción de medidas necesarias para los recursos financieros y su reinversión.

§  Decisión y aprobación de tarifas del agua potable.

§  Autosuficiencia financiera, mayor capacidad técnica y financiera.        

Como respuesta a la nueva organización del tipo de servicio, los gobiernos de los diferentes estados iniciaron a emitir nuevas leyes relacionadas al agua potable, drenaje y alcantarillado. Todo con el ánimo de incorporar los ajustes y criterios demandados por parte de la (CNA).

Luego de 6 años de la publicación de los lineamentos y el programa de agua potable, la prestación del servicio en las ciudades mexicanas sufrió importantes cambios, en primera instancia, se adelantó con la descentralización de la operatividad del servicio; en segundo lugar, se decretó que la autonomía de las tarifas fueran autorizadas por parte de las juntas directivas de cada uno de los organismos; en tercer lugar, quince estados expidieron normativas que permitan suspenden el servicio de clientes morosos; en cuarto lugar, el catálogo de pagos de veinte y un estados tenía previsto un tabulador definido. Finalmente, el tema de conceder un carácter fiscal a las deudas, han sido consideradas para veinte y nueve estados del país.

De este modo, puede decirse que la política del (CNA) mexicano, se sitúa en medio tramo si lo relacionamos con el cumplimiento de los objetivos planteados para el agua potable de México. Uno de los temas que a continuación trataremos tienen que ver con la promoción de la privatización del servicio de agua potable, el cual empezó a dar frutos en el año de 1994 y año en el cual se pudieron apreciar avances respecto a la participación privada de los servicios urbanos.

Los hechos estipulados en el actual documento, sin temor a equivocaciones han dado lugar a un desarrollo eficiente de los procesos operacionales acerca del servicio de agua potable y alcantarillado de México. Si hacemos una retrospectiva podemos comprender que los gobiernos de turno tuvieron que implementar una serie de organismos pertinentes que se encargaban de regular y normativizar el uso adecuado del agua potable.

Las apariciones de políticas públicas fueron hechos reiterados en la gobernanza estatal del país, sin embargo, existieron siempre inconvenientes relacionados con la figura administrativa y operaria de los organismos a quienes se les encargo la responsabilidad de normar el servicio de agua y saneamiento. Desde esta perspectiva, los problemas que se identificaron en aquellas épocas tienen que ver con la jurisdicción y pertinencia en cuanto a la gestión, por una parte, existieron organismos estatales encargados, para luego descentralizar atribuciones y encomendar tareas y funciones a las diferentes municipales.     

Tuvo que pasar cierto tiempo para que surja la Comisión Nacional del Agua (CNA), encargada de monopolizar la gestión pertinente y referente al servicio de agua potable. Por ahora, este particular organismo se encarga de normar el uso, consumo, distribución, costeo y planificación del servicio, a expensas de alinearse a resoluciones emitidas por los principales órganos rectores del país.

Aunque ciertamente debido a trabajo de la (CNA), se han podido palpar mejoras relacionadas a políticas de agua y saneamiento, la perspectiva que exponemos enseguida indica que hoy por hoy hace falta aún mayor participación de parte de sociedad civil; es decir, la cultura y democratización de los mexicanos demanda de una gestión pública, abierta, transparente y capaz de establecer políticas efectivas para el buen uso del agua potable.

El contexto de la política urbana de agua potable en México se vincula con la realidad de diversos países sudamericanos, en donde como bien se describe se han tenido que transmigrar de entes reguladores cada vez que se han percibido falencias y equívocos de gran impacto en el tipo de servicio realizado. Puede decirse que las situaciones que se vivieron en la época de los 90, paralelamente influyeron en la forma de gestión de países vecinos por ejemplo, en donde se tuvieron que poner en práctica los avances sociopolíticos que México intento plasmar con la instauración de nuevos y definitivos organismos de control.

Entonces; el surgimiento de entidades que regulan la política urbana del agua potable, ha sido una constante para toda la geografía de América del Sur, Centroamérica y pudiéramos además incluir al Caribe, ya que por lo general cada una de las regiones que se acaban de mencionar se encuentran en pleno desarrollo político, económico y de planificación.

Fue inevitablemente que las experiencias a nivel de países tuvieran que repetirse, ya que nos encontramos entre culturas que le apuestan al “condicionamiento”, esto quiere decir que en gran medida dependen del tipo de estímulo que reciben para conferir una respuesta o castigo que para ellos pueda catalogarse como propicia. Las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, han forjado una serie de cambios fundamentales dentro del comportamiento de la sociedad civil y más específicamente al interior de la política urbana del agua potable de países que se encuentran ahora mismo en vías de desarrollo.

Bibliografía:

Pineda, N. (2002). La política urbana de agua potable en México: Del centralismo y los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la privatización. XIV (No. 24), 29.